Legitimación de Presidente de Comunidad de Propietarios

Recientemente el Tribunal Supremo ha vuelto a tratar la legitimación de un Presidente de la Comunidad de Propietarios, y los requisitos para ostentar dicha legitimación. Me parece muy interesante la Sentencia 204/2012 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 2012, Referencia EDJ 2012/52892, que establece la obligatoriedad de un previo acuerdo comunitario al presidente para instar acciones judiciales en nombre y defensa de la Comunidad de Propietarios, salvo que los Estatutos comunitarios prevean lo contrario.

Textualmente señala la Sentencia:

“TERCERO.-Legitimación activa del presidente para instar acciones judiciales en defensa de la comunidad de propietarios.

La doctrina jurisprudencial declara que:” (..) el Presidente de la Comunidad, si bien representa a la Comunidad (art. 12 LPH de 1960), ello ha de tener por base la ejecución de acuerdos de la Junta sobre asuntos de interés general para aquélla (art. 13.5º). La representación de la Comunidad en juicio y fuera de él del Presidente no tiene un contenido “en blanco”, de tal forma que esa representación sirva para legitimarle en cualquiera de sus actuaciones. Es la Junta de Propietarios la que acuerda lo conveniente a sus intereses y el Presidente ejecuta; su voluntad no suple, corrige o anula la de la Junta” (STS de 20 de octubre de 2004 (RC núm. 2655/1998). En igual sentido la STS de 10 de octubre de 2011 (RC núm. 1281/2008) en cuanto a la legitimación del presidente para representar en juicio a la comunidad de propietarios fija que: “Se trata de impedir que su voluntad personal sea la que deba vincular a la comunidad, lo que se consigue sometiendo al conocimiento de la junta de propietarios la cuestión que se somete a la decisión judicial, habida cuenta el carácter necesario de las normas que rigen la propiedad horizontal, que impide dejarlas al arbitrio y consideración exclusiva del presidente”. En este sentido, y, pese a que la Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige, de modo expreso, el acuerdo previo para que el presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la comunidad de propietarios en los supuestos concretos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (artículo 7.2) y de reclamación de cuotas impagadas (artículo 21), sin embargo, no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos, si cabe de mayor trascendencia para la vida de la comunidad que los indicados anteriormente, tales como la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración o afectación de los elementos comunes. “

Si desea el texto completo de la misma, puede solicitarla a través del presente blog, o del correo electrónico.

 

En definitiva, con carácter general, se requiere previo acuerdo de la comunidad de propietarios que legitime al presidente para instar acciones judiciales en nombre y defensa de esta, lo que no obsta para que aquel no resulte necesario en los casos en los que los estatutos de la comunidad expresamente prevean lo contrario o en el supuestos en que el presidente ejercite acciones judiciales no en calidad de tal sino individualmente como copropietario.

 

 

 

 

 

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